A ENTERRAR LA IDEA DE PRISIÓN PERPETUA A VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS
La
muerte de las personas afecta a sus allegados y a quienes le predicaban admiración.
Preservar su obra, recordar su vida, seguir sus pasos son promesas que se
suelen hacer en memoria del ausente, y algunas veces se materializan. Se crean competencias, premios o
fundaciones para recordar al ídolo, artista al líder. Creo que sería
infortunado hacer esto con Gilma Jiménez, la “Senadora de los niños”' en su intento de establecer la cadena perpetua.
Su
elección fue un caso muy particular. Sin gran bagaje político obtuvo una
votación solo alcanzable para los referentes ideológicos partidistas: su
votación en 2010 igualó a la de Jorge Enrique Robledo y sólo quedó detrás de
Juan Lozano. El respaldo popular por ella logrado sólo está al alcance de políticos
de la talla de Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras o Carlos Gaviria.
La
clave de su éxito fue sencilla: un pasado transparente, un propósito loable
superior a cualquier disputa política y una abnegación única en lograrlo. La
violación y asesinato de niños y niñas son probablemente las conductas más execrables para el pueblo colombiano, que es capaz incluso de justificar la muerte. Ante una oleada
de casos profundamente dolorosos, vigorosa ella se alzaba como la única capaz
de ponerle fin a través de una reforma constitucional que posibilitara punir
con prisión perpetua tales acciones.
Pero
la propuesta de Gilma tenía en sí misma el germen que la hizo una con cualquier
padre de la patria: creer a fe ciega que con aumentar las penas cesarán los
delitos. Tiene vicios de pandemia: no falta más sino que los noticieros den una
seguidilla de reportajes sobre este u otro delito para que raudos los
congresistas presenten proyectos de ley aumentando las penas. ¡Hasta han
pensado en volver por ley doloso el homicidio cometido por conductores
borrachos!
En
cuanto no son idóneos para cumplir sus objetivos, propuestas como la de Gilma Jiménez
resultan irracionales. La función preventiva a cargo del Derecho penal se
ejerce con la imposición efectiva de penas, no con el aumento del quantum sancionable. Entre más prontas y
seguras sean mejor función cumplen. He allí el problema que debe ser
solucionado.
Un
sistema judicial paquidérmico como es el colombiano, lleva a que los delincuentes
no teman a las sanciones penales. Confían en que no serán descubiertos, y si es
del caso las gabelas legales les dejarán libres. Sólo en cuanto ven que ese
sistema funciona, por meter a la cárcel a quien delinque la voluntad delincuencial
puede resultar doblegada. Este postulado lejos de ser novedoso fue planteado por
Beccaria en el siglo XVIII.
Tan
detestable es el señor Luis Alfredo Garavito, como el sistema judicial y
policial incapaz de detenerlo. Hacer más efectiva a la justicia es apenas una
de las necesidades para proteger a los niños. La sociedad debe concursar con la
interiorización de valores, y no aceptando la negación del individuo.
Así
es conveniente enterrar a la idea de imponer prisión perpetua a violadores y
asesinos de niños, claro sin la dignidad que merece Gilma.
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