lunes, mayo 22, 2017

Bernal Pulido y la reserva de ley para la regresividad de los derechos sociales

Siempre estuve seguro que Bernal Pulido iba a ser elegido Magistrado de la Corte Constitucional. Ser impredecible en términos políticos o tener una gran capacidad para ser ingrato con el Gobierno eran sus mejores cartas ante un Congreso en donde la derecha, tanto la de oposición como la de la unidad nacional, podía capitalizar sus opciones para ser decisiva en una elección en la que el Gobierno parecía tener la última y la única palabra. Y así fue.

Su primera decisión de invalidar unas reglas de procedimiento del fast track ha llamado la atención de la opinión pública, olvidándose que no sólo él sino cuatro magistrados más de la Corte Constitucional tienen igual responsabilidad en esa decisión.

Las calidades académicas de Bernal Pulido que le permiten tener una columna en el foro jurídico y su deferencia con la opinión pública, han permitido que por decirlo así anuncie su “programa de trabajo” en la Corte Constitucional. Ese programa, persigue: (i) la protección a ultranza de los derechos fundamentales, (ii) el respeto a la competencia del legislativo para desarrollar esos derechos y (iii) la restricción del uso por parte de la Corte Constitucional a la teoría de la sustitución y (iv) la toma enserio del principio de sostenibilidad fiscal.

Cada uno de esos asuntos de la agenda judicial de la Corte Constitucional presenta un amplio panorama de escenarios de discusión en Derecho constitucional. En estas líneas quiero explicar uno muy sencillo en el que se tocan tres de esos asuntos: el reconocer la competencia exclusiva del Congreso de la República para promover la regresividad de los derechos sociales.

Tal tesis contraría las tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional promovidas en el último quinquenio por el ExMagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que encuentran en las sentencias de unificación como un espacio normativo para impulsar medidas regresivas a derechos sociales. En particular en las Sentencias SU 1073 de 2012 y SU 230 de 2015 la Corte ha reducido el costo de dos derechos pensionales. Con la primera los pensionados antes de la Constitución de 1991 solo perciben el pago de la indexación de su primera mesada pensional desde la ejecutoria de dicha sentencia y no el retroactivo desde tres años antes a la fecha en que presentaron su reclamación. En la segunda, se calcula el monto de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con el ingreso base de liquidación de los últimos diez años. Ambas sentencias de unificación, cambian los históricos precedentes de la Corte Constitucional en esas materias.

El reconocer que es el Congreso de la República el competente para promover la regresividad de los derechos sociales, permite una deliberación adecuada sobre las mejores opciones para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones. Esto permite adoptar una decisión que tenga en cuenta los múltiples factores posibles, y que sea el resultado del análisis de varias soluciones.

Así mismo, se garantiza la justiciabilidad de la idea de la no regresividad de los derechos sociales. Un derecho fundamental pierde su carácter normativo si sus titulares carecen de garantías judiciales para su protección, esas que están ausentes cuando la medida regresiva al derecho social al estar en una sentencia de unificación escapa a cualquier control de constitucionalidad posterior, el que sí se tiene cuando se consagra en una ley.

Comparto las preocupaciones del Magistrado Bernal Pulido y aunque dudo que lea estas líneas, ofrecen un plausible curso de decisión futura a nuestra Corte Constitucional.

viernes, octubre 21, 2016

Álvaro Uribe, Radbruch y Jaime Araujo: la resistencia frente al Derecho injusto

Encendidamente Álvaro Uribe ha llamado al pueblo venezolano a ejercer su derecho fundamental a la resistencia y a los jueces venezolanos a no acatar el enésimo golpe que el régimen chavista le da a la malograda democracia venezolana. Nunca antes un comentario de Uribe me ha parecido tan acertado en materia jurídica, aunque como siempre la hipocresía política tan ínsita a sus actos lo acompaña.

El remedo de democracia venezolana ya está siendo poco creíble. Si algo nos salvó a los colombianos de terminar bajo un régimen del terror similar al de los venezolanos fue la valía de nuestra Corte Constitucional de impedir un tercer período presidencial del señor Uribe. Chávez y Maduro con sus malas maneras lograron lo que para Uribe fue una frustración: extender el tiempo de sus gobiernos más allá de cualquier límite. La clave fue la calidad de jueces que enfrentaron.

No sé si Uribe conoce la Constitución alemana, pero retumba con mayúsculas el llamamiento a la resistencia que hace su artículo 20.4 a todos los alemanes, cuando los recursos ordinarios escaseen frente a cualquiera que pretenda eliminar el modelo federal de Estado, el valor democrático, la cláusula social de derecho, la soberanía popular, la democracia representativa, la supremacía de la Constitución y el respeto al principio de legalidad.

Aquella es positivización de la idea expuesta por Radbruch en los primero meses de 1946. Luego de años de régimen nazi, de exclusión social y política, de salvarse del exilio por no ser judío como Kelsen, este positivista tenía mucho que decir y lo hizo en un sucinto texto: “Arbitrariedad legal y derecho supralegal”. Radbruch reconoció la justicia no puede ser ajena al Derecho, de tal suerte que si “la contradicción entre la ley 'positiva y la justicia alcanza una medida tan insoportable que la ley debe ceder como 'Derecho injusto' ante la justicia”. Para muchos esta postura fue un retroceso de Radbruch hacia el iusnaturalismo, para mi es la primera piedra del positivismo axiológico. Sostuvo el autor alemán que si una norma jurídica incurre en el absurdo moral “no les debe el pueblo ninguna obediencia y deben, también los juristas, encontrar el valor para negarles el carácter jurídico”. Esta tarea de contención o de resistencia ante el Derecho injusto se encomienda por sobre manera al juez, debido a que “el ethos del juez debe estar dirigido al logro de la justicia a cualquier precio, aún el de la propia vida”.

Coincido con Uribe en que los jueces venezolanos son los llamados a resistir lo que está pasando con la democracia. Pero olvida el Senador de la República que un Magistrado colombiano tuvo la valentía que hoy le pide a los venezolanos: Jaime Araujo, el único que llamó por su nombre a lo que había sucedido para que Uribe se reeligiera como Presidente de Colombia. No fue citado por Araujo, pero ese día Radbruch caminó por los pasillos de la Corte Constitucional colombiana.

La denuncia de Araujo quedó escrita en las siguientes palabras:
De lo anterior se concluye que el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de Derecho.
Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil.
En consecuencia, si no existe JURÍDICAMENTE, sino de facto la reelección presidencial, todo lo realizado por el Gobierno no tiene ningún efecto, todos esos actos de gobierno son ilegítimos. El deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, Vicepresidente o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegitima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es inconstitucional (por ser invalida, esto es, producida sin respetar las normas de creación del derecho o que tengan por causa el delito). El deber de respeto a la autoridad o a la ley finaliza en la teoría constitucional, frente a acciones injustas, ilegales o inválidas, esta obediencia, es decir, el respeto que podemos tener por una persona o por un gobierno por haber actuado legítimamente, se rompe con una actuación injusta, ilegal o criminal, y en consecuencia, ningún colombiano después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de obediencia civil, ya que se rompió el fundamento de legalidad y legitimidad que es el fundamento también para la obediencia civil de los ciudadanos.
Henry David Thoreau, el apóstol y padre de la Desobediencia Civil decía: "Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor".
De este modo, ni el presidente es ya el presidente, ni el vicepresidente es vicepresidente, ni los ministros son ya los ministros, ni hay reelección, ni primera, ni segunda, y todo lo que se hizo es ilegal, por ello es que nos encontramos en una situación inconstitucional, ya que todo el Gobierno está actuando gracias a un acto ilegal, que como se ha reiterado, no puede ser ni fuente ni fundamento de derecho.

domingo, septiembre 11, 2016

Mi 9/11 de 2001

Ciertos eventos de mi vida puedo recordarlos con inusitados detalles. Lo que pasó el 09 de septiembre de 2001 es uno de ellos. Tengo presente que esa fecha fue un martes, a razón que era un día en donde tenía rotación de taller. Eso es fácil de recordar para mí porque por una extraña razón durante los seis años que estudié en el tecnológico siempre tuve taller el día martes.

Para esa época yo estaba viendo la rotación de fundición. No tengo presente el nombre de mi profesor, pero era alto, de tez blanca, ojos claros y tenía algún problema en la espalda que lo incapacitó ese día. No tener clase en el tecnológico era una oportunidad para jugar fútbol, pero también un problema para las directivas.

Por esto “lobomen” decidió  enviarnos a nuestras casas. Recuerdo que nos pidió dos tintos y una lista con los nombres de los 21 estudiantes que no teníamos clase (6-4, mi salón, tenía 42, pero para ver los talleres se dividía en dos grupos). La vaca para el tinto exigió aportes de 50 pesos por estudiante; y al llenar la lista decidimos que nuestros nombres debían acompañarse con cuatro apellidos: sí los dos que aparecían en nuestras listas junto con los de nuestros abuelos y abuelas maternas. El caso es que a “lobomen” no le dio mucha gracia, pero aún ese papel le sirvió para mandarlo a la portería a fin de permitir nuestro egreso.

Tal vez muchos se fueron a jugar en las numerosas salas de maquinitas que en ese entonces existían en el Barrio La Universidad. Decidí irme de una vez para mi casa. Durante el recorrido no escuché por la radio del bus alguna noticia sobre lo que pasaba en Nueva York.


En mi mente está muy bien grabada la imagen que vi desde la sala del segundo piso de la casa de mi abuela hacia su televisor ubicado sobre la cómoda: eran las torres gemelas en llamas. En ese momento, las historias de todos nosotros se unieron.

jueves, septiembre 08, 2016

VOTE SÍ EN EL PLEBISCITO Y EMPODÉRESE FRENTE A LAS FARC

Muy dentro de mí existe un miedo que los Acuerdos de La Habana no conduzcan a la paz. Es un sentimiento bien fundado: no encuentro elementos que indiquen que aquella decisión tomada por la oligarquía colombiana a finales de los años ochenta de terminar el conflicto armado a través de la violencia haya cambiado. El genocidio de la Unión Patriótica y las masacres de campesinos durante finales de los años noventa y los gobiernos de Álvaro Uribe son claros ejemplos de que, como dijo el profesor Laureano Gómez Serrano, las élites colombianas prefieren anegar de sangre al país antes de ceder un ápice de sus privilegios.

La actuación del Estado, por decirlo así, ha sido guiada por una mano negra que inclusive ha subvertido el orden jurídico para eliminar, por cualquier medio, no sólo la oposición armada sino la protesta social. Sus consecuencias se observan en el deseo de no votar a favor de la refrendación popular de los Acuerdos de La Habana en el plebiscito del próximo 02 de octubre de 2016. Combatir a las FARC hasta su eliminación física, o seguir en la lucha armada regular hasta doblar la voluntad de sus miembros a fin de llevarlos a pactar condiciones menos favorables para ellos, son propuestas que rondan en el debate público.

Una respuesta a estas “alternativas” de solución del conflicto armado se ha enfocado en el alto costo de vidas humanas que ellas implican. La guerra en Colombia no sólo cobra la vida de los jóvenes combatientes –regulares e irregulares– extractados de la población pobre del país, sino también se ha ensañado en contra de la población, que sin estar inmersa en las acciones bélicas ha sufrido con rigor sus efectos. Leonard Rentería es el vivo ejemplo que la población civil que ha puesto la mayoría de muertos en esta guerra, está a favor del plebiscito.

En este escenario, empero tampoco son extraños que sectores no pertenecientes a la oligarquía estén de acuerdo con continuar la guerra, e irán a votar por el No en el plebiscito. Luego de un conflicto armado tan cruento y largo como el colombiano, se acumula odio, resentimiento y rechazo por los subversivos, debido a lo execrable de sus conductas a lo largo de décadas del conflicto.

Difícilmente pueda persuadirse a quienes avivan la mano negra que la paz es una mejor solución que la guerra, pero ¿cómo convencer al colombiano de a pie que está dispuesto a votar por el no de lo contrario?

Necesariamente debe reconocerse que los miembros de las FARC en términos militares son formidables adversarios, y tienen la capacidad de producir tanto o más daño que el que se les puede infringir. El Estado colombiano de la mano de Álvaro Uribe le dio grandes golpes a la insurgencia colombiana, pero en punto de verdad no los suficientes para eliminarla.

La supervivencia y persistencia son calidades probadas de la FARC. Ante este escenario, solo vale abrazar la democracia como medio para desarmar a las FARC y poder vencerlas, no en los campos de batalla, sino en las urnas electorales; no con combatientes ni muertos, sino con mejores ideas que conquisten votos.

A lo largo del siglo XX se le han puesto a la democracia varios adjetivos: versiones maximalistas le han impuesto objetivos sociales de disímiles ideológias; versiones deliberativas exigen más individuos racionales de los que realmente existen; la versión clásica de la representación aún oculta la mezquindad con la que actúan los elegidos, y nos hace creer que las mayorías toman las mejores decisiones [1]. Sin embargo, aún frente a estas frustraciones de teorías de la democracia, aún podemos creer que permite “evitar el derramamiento de sangre y la violencia para resolver nuestros conflictos”[2], esto es por medio de mecanismos que ofrecen “la solución periódica de la lucha del poder político sin derramamiento de sangre”[3].

Esta versión minimalista hunde sus fundamentos en Kelsen –¡Un saludo para los que despotrican de Kelsen sin conocerlo!–, quien reconoce que el valor que identifica a la democracia es la libertad, que se materializa para el individuo cuando acude a una votación, y que hace “que se reduzcan al mínimo los casos de aplastamiento de las minorías”[4]. Ya Rodolfo Arango destacaba el plus democrático de una postura relativista y abierta como la de Kelsen: al no tener “garantizado un acceso privilegiado a la verdad absoluta en ninguna materia, la única actitud razonable en lo político ante desacuerdo de opiniones y conflictos de interés es aquella que acepta la decisión de la mayoría e intenta, en caso de no compartir lo resuelto, cambiarla mediante el mismo procedimiento deliberativo”[5]

Las FARC se demoraron en convencerse de lo anterior, por lo que no hay que seguir ese mal ejemplo. Los Acuerdos de La Habana desarrollan otros valores adicionales, pero por sí sola la democracia justifica el desarme de la guerrilla y su participación en las votaciones. Así, cada ciudadano –y no solo los soldados– puede infringir un castigo a las FARC sin que corran ríos de sangre en el país. Así, Leonard Rentería no sólo podrá increpar a Álvaro Uribe sino también a Timoleón Jiménez.


Bibliografía
[1] FLÓREZ, José. Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, pp. 82 a 124.

[2] PRZEWORSKI, Adam. Una defensa de la concepción minimalista de la democracia. En: Revista Mexicana de Sociología, 59, (03), 1997, p. 25

[3] FLÓREZ, José. Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí. Op. Cit., p.169.

[4] KELSEN, Hans. Esencia y valor de la democracia. Coyoacán, México D.F., 2005, p. 25.

[5] ARANGO, Rodolfo. Esencia y valor de la democracia según Kelsen: la actualidad de un clásico de la filosofía política. En: Hans Kelsen 1881-1973, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 84

miércoles, mayo 18, 2016

¿UNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL AL ESTILO SHERMANIANO?

Hernando Valencia Villa en Cartas de Batalla –una cita ineludible para un constitucionalista colombiano– trae a colación un debate dado a comienzos de la vida constitucional norteamericana relacionada con las enmiendas o reformas a la Constitución. James Madison presentó al Congreso de la Unión en 1789 una serie de enmiendas constitucionales, las cuales debían insertarse en los artículos que respectivamente versaran sobre las materias de las propuestas. Este diseño fue derrotado por la idea defendida por Roger Sherman quien convenció a sus compañeros que las enmiendas debían agregarse al final del documento constitucional. Así, cada Estado podría evaluar “por sus propios méritos” las reformas para su aprobación. Por tanto, las enmiendas shermanianas, destaca Valencia Villa, han ayudado a que la Constitución norteamericana sea estable y duradera, al contrario de las Constituciones colombianas y sus enmiendas madisonianas, que las han hecho colchas de retazos.

Lo anterior, vale la pena destacar, tiene importantes consecuencias en la interpretación constitucional pues con la irrupción de una reforma constitucional shermaniana el hermeneuta debe conciliar las interpretaciones jurídicas de dos disposiciones constitucionales. Así, el origen o el pasado constitucional no se puede subrogar o abrogar sin más. De tal suerte, el futuro del sistema constitucional logra ser estable y perdurar en su esencia.

Recordar esto me fue inevitable al leer el Comunicado Conjunto #69 suscrito por las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC en La Habana, en el que dan a conocer el blindaje jurídico para el Acuerdo Final de la paz. Allí se habla de realizar dos reformas constitucionales que incluyan igual número de artículos transitorios a la Constitución: el primero para incorporar al bloque de constitucionalidad el Acuerdo Final mientras que se aprueba de manera definitiva mediante una ley, y luego de ello otro artículo transitorio para incorporar de nuevo el Acuerdo Final junto con el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este particular manoseo al sistema de fuentes colombiano trae consigo una novedad: las enmiendas constitucionales transitorias se aplicarán a la manera shermaniana y no madisionana. Al tener las autoridades públicas, especialmente la Corte Constitucional y el Tribunal para la paz, que conciliar la Constitución de 1991 y los acuerdos de La Habana, difícilmente se promueva una ruptura constitucional, como muchos han anunciado. Dependerá de otros factores, pero ojalá que la apuesta shermaniana otorgue estabilidad a la Constitución del 91 y sus enmiendas para la paz.

jueves, abril 14, 2016

Alejandro Ordoñez: El explosivista de la Constitución de 1991

Alejandro Ordoñez parece no tener límites. Lleva años haciendo política desde la Procuraduría General de la Nación, y su anhelo recompuesto en los últimos meses es llegar a ser Presidente de la República. Su conservadurismo sectario y recalcitrante es conocido de antaño, y ha servido de piso para un sin número de posturas que riñen con la Constitución de 1991, las mismas que han sido vencidas paulatinamente. Su negación a las libertades individuales cala poco en la sociedad colombiana, y la Corte Constitucional le ha recordado que no son pasibles dentro del sistema constitucional colombiano. Si Alejandro Ordoñez fuera un músico e interpretara los instrumentos con la misma destreza que interpreta el Derecho, no merecería ser escuchado ni en los buses urbanos. 

El son de estos días de Alejandro Ordoñez es su rechazo a la ley de restitución de tierras, que priva del sagrado derecho de propiedad a los “adquirientes de buena fe” de tierras bañadas con sangre de gente inocente y pobre. La Constitución ampara así a los ricos hacendados de los harapientos y desagradables reclamantes de tierras, que merecen misericordia divina pero no ser sujetos de derechos.  El despojo como medio de concentración de la propiedad sobre la tierra es protegida por la Constitución, enarbola Alejandro Ordoñez y todo reclamante subvierte el orden natural que privilegia a los ricos terratenientes.

Tamaña desproporción dicen algunos, hermeneuta de tres pesos lo llamarán pocos más; un golpe inexacto más a la Constitución de este malogrado personaje, expondrán otros. Personalmente creo que esta vez podría sonarle la flauta a Alejandro Ordoñez. Me explico:

La Constitución de 1991 presenta sin duda un programa axiológico en pro de la dignidad de la persona, único en la historia constitucional colombiana. A instancia de la Corte Constitucional, en especial de los dos primeros grupos de magistrados que la conformaron, han hecho de Colombia, a partir de su Carta Política, un mejor país. 

Sin embargo, en la Constitución de 1991 pueden rastrearse elementos que nos recuerdan que ella también es una carta de batalla, como lo advierte Hernando Valencia Villa, inserta en la historia patria en donde las Constituciones sirven de medio de lucha para los partidos e intereses hegemónicos de los miembros de la población civil. 

Hernando Valencia Villa, un hijo más del Estado de sitio, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale, escribió su tesis doctoral, publicada como “Cartas de Batalla: Una crítica del constitucionalismo colombiano”, en una época en donde la Batalla Constitucional estaba en pleno vigor. Tal vez su forzado exilio le ha permitido ver mejor las cosas que pasan de Colombia, y por tanto es un convencido de que la Constitución de 1991 como parto de un “voluntad pactista” de los diferentes actores políticos y económicos del país está en riesgo ante un “reformismo autoritario y frondista”, que eliminó la expropiación sin indemnización por razones de equidad prevista inicialmente en el inciso final del artículo 58 superior y que ha propendido por la consolidación de la contrarreforma agraria aupada por el paramilitarismo. 

Sin la expropiación sin indemnización se restablece el sacrosanto derecho de propiedad privada, y con el desplazamiento forzado del campesinado se abre el campo al capitalismo financiero internacional. Ese reformismo autoritario y frondista logró armar una bomba dentro de la Constitución de 1991, lista para explotar al momento en que se quisieran alterar sus conquistas mezquinas que son norma constitucional, y sustento de la posición del Procurador.

Alejandro Ordoñez no será el primer exmagistrado de una alta Corte en ser candidato presidencial, pues Carlos Gaviria y Jaime Araujo Rentería ya lo fueron. Perdón por tan hilarante comparación, pero vale la pena mencionar que estos tres han sido herejes en materia constitucional. Pero hay que advertir que mientras Ordoñez hace magia negra –sería una especie de brujo en materia constitucional–, los otros, con sobrada calificación del maestro Carlos Gaviria, en su paso por la Corte Constitucional hicieron del Derecho un instrumento de cambio social y de garantía de derechos fundamentales –vendrían a ser magos de la estirpe de Gandalf el blanco–.

Sin embargo, la tesis de Ordoñez frente la restitución de tierras no es una más de las que ha puesto como brujo que es, sino la de un explosivista presto a detonar la bomba armada por el reformismo desconstituyente que hará explotar a la Constitución de 1991 y al país entero si es necesario.

Ojala antes que eso pase, Alejandro Ordoñez deje de ser Procurador General, se haga candidato presidencial para así hundirlo en las urnas. Todos los ciudadanos somos también defensores de la Constitución, y debemos hacer la mejor versión posible de ella. 

miércoles, febrero 10, 2016

¿SE JUSTIFICAN EN COLOMBIA LAS SENTENCIAS ESTRUCTURALES?

Justificar una decisión implica señalar su pertinencia o coherencia con los postulados, formales y sustanciales, en que debe fundarse; razones de este tipo la hacen aceptable . Si se trata de una decisión jurídica, esos postulados se encuentran en el sistema jurídico, especialmente en su Carta Política. Y al ser el Derecho más contenido que forma, para que la decisión jurídica sea válida se requiere que ella sea acorde especialmente con el contenido axiológico de la Constitución.
En Colombia las sentencias estructurales han hecho carrera principalmente bajo la noción de “Estado de cosas inconstitucional”, para señalar la existencia una violación sistemática de derechos fundamentales. En una sentencia estructural la Corte Constitucional identifica que aquella vulneración es resultado de la falta de actuación de un conjunto de entidades públicas, que no puede superarse por la actuación individual de estas. 
Ante esta situación la Corte Constitucional asume competencias que de ordinario no le corresponden al: (i) ordenar la adopción de medidas generales, como la expedición de una ley, en el caso del Congreso, o la formulación o reformulación y desarrollo de políticas públicas, a fin de remediar la base sobre la cual se edifica esa violación sistemática, y (ii) abrogarse, en algunos casos, la competencia para vigilar el cumplimiento de lo ordenado, bien se trate de mandatos generales o concretos.
En Colombia, las sentencias estructurales se erigen en la violación de la faceta prestacional de todos los derechos fundamentales. Hoy día se debe reconocer que tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, todos vinculados a la dignidad humana, exigen la erogación de recursos económicos y la adopción de medidas administrativas para llevar a cabo planes y programas que los satisfagan.
A causa de una diversidad de problemas se crean cortos circuitos que hacen deficiente la actuación del Estado. El propósito de las Sentencias de Estructurales es superar esos problemas, y el grado de su justificación en el sistema jurídico está en la medida de cumplirlo dentro de los márgenes formales de la Constitución.

José Velasco desde una perspectiva regional señala que son cuatro causas por las que los Estados latinoamericanos no han podido brindar herramientas adecuadas para satisfacer los derechos que implican gastos económicos:
(i) Hay restricciones de los presupuestos adoptados por los Gobiernos para la garantía de los derechos. Las necesidades de la población pobre no se ven reflejadas en las medidas que adoptan los Gobiernos. Los mecanismos de democracia formal erigidos sobre la representatividad no están en condiciones de garantizar la acción de un gobierno según los intereses y deseos de sus electores , en especial de los que carecen de poder económico.
(ii) No existen claras herramientas que permitan decidir la prioridad de la satisfacción de los derechos sociales frente al cumplimiento de otras finalidades del Estado que exigen erogaciones del erario, en un contexto de limitantes económicas. Esto porque las élites económicas capturan “el sistema político, para manipularlo a su antojo y favorecer la producción de políticas públicas acordes con sus intereses de clase, mientras excluyen del juego político las preferencias del segmento democrático más numeroso pero menos desfavorecido” ,
(iii) Las contradicciones entre los elementos ideológico –querer ser ESD– y  económico –prevalencia del modelo capitalista– presentes en las mismas Constituciones. Aunque la Constitución de 1991 viene dada con una “neutralidad económica” en el sentido que sus disposiciones en materia económica no se presenta como “expresión de un modelo económico específico”  y por tanto está abierta al debate democrático, su desarrollo cooptado por grupos económicos de interés y las anotadas élites han dejado la adquisición de ciertos bienes escasos de vital importancia para una vida digna, sin que la intervención del Estado en el mercado sea suficientes para su equitativa adquisición por los menos capaces y sin generar la condiciones para que puedan satisfacer sus necesidades básicas por sus propios medios,
(iv) Los Estados son débiles en materia fiscal, pues carecen de mecanismos tributarios para hacerse de recursos económicos a fin incrementar el gasto público social. La satisfacción de los derechos tiene un precio y ese precio son los impuestos . Los problemas de representatividad en el Congreso de la República, quien tiene la competencia privativa para imponer tributos en tiempo de paz, han llevado a que los tributos sean indirectos y por tanto no se dirijan a los más ricos, por lo que se afecta en especial a la clase media. Además, la evasión impide que se recauden los suficientes recursos para que el gasto público social cubra las necesidades de los menos capaces. 
Una sentencia estructural significa una gran incapacidad de satisfacer los más mínimos estándares de protección de los derechos fundamentales a cargo del Estado.
La Corte Constitucional al enfrentar estos problemas se convierte “en órgano de la concretización jurídico-creativa de la Constitución” , y viene a corregir los vicios que la realidad turbia introduce en la democracia, para hacer valer, inclusive, los derechos en contra de las decisiones que los representantes de la mayoría. Una sentencia estructural es pues una decisión contra-mayoritaria cuando se adoptan decisiones que no reflejan los derechos de los menos favorecidos.
En el primero de los elementos atras señalados, la Corte Constitucional afecta el prepuesto de la nación para la adopción de medias que desarrollen las “directrices constitucionales y reglas de actuación” en pro de los derechos fundamentales. Aunque no asume la condición de “ordenador del gasto público” sus decisiones sí vinculan a los que tienen la competencia para hacerlo. 
Unos profesores javerianos identifican que ante la atrofia del Congreso de la República “como promotor de políticas públicas, como veedor del cumplimiento de éstas, [y] como ente que controle el poder presidencial” , la Corte Constitucional ha terminado por asumir cierto tipo de funciones que en principio no le corresponden. Si bien se disminuye el desarrollo del principio de separación de poderes, a fin de realizar la eficacia de los derechos fundamentales; se protegen a los individuos “a costa” de la estructura estatal.
Las sentencias estructurales muestran una compromiso de la Corte Constitucional por la defensa de los derechos de las personas, lo que “ha operado un cierto desplazamiento, bastante paradójico, de la legitimidad democrática del sistema político al sistema judicial” , lo cual lleva a desmovilizar al ciudadano que decide acudir a los jueces, y no al ejecutivo y al Congreso, que son los escenarios en los que en principio se deben decidir de los asuntos tratados en sentencias estructurales.
Frente a la necesidad de gastar en derechos, las sentencias estructurales y las audiencias y actos de seguimiento a las mismas, se constituyen en herramientas de excepción para priorizar la satisfacción de los derechos de los asociados. 
Las sentencias estructurales son herramientas que se presentan con la aspiración de ser definitivas, en el sentido de que pretenden evitar la presentación de una seguidilla de peticiones de amparo individuales por los hechos que las motivas, ya que ellas benefician a más personas que las vinculadas al proceso en el que son proferidas.
Ahora bien la sentencia estructural tiene límites como herramienta de priorización, pues como tal por sí sola no logra dar eficacia material a los derechos fundamentales. Veamos:
- Si es una sentencia dialógica permite una discusión en los estrictos límites señalados en su contenido y parte resolutiva, entre el ejecutivo, los afectados y la Corte, todo ello mediando la participación de expertos en los temas para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales . Los remedios dialógicos si bien permite la conversación, su distancia en el tiempo para la superación de la situación que los generan es mayor,
- En el caso de sentencias estructurales con órdenes concretas, el dialogo es anterior a la toma de la decisión –y por tanto menor a la sentencia dialógica–, pero es posible esperar que su cumplimiento esté más cercano en el tiempo.

Ahora bien, la eficacia de los derechos fundamentales no se supedita a la sola existencia de la sentencia estructural, ya que ello se identifica en la disponibilidad de recursos económicos. Y la producción de riqueza está fuera del alcance de la Corte. En este asunto así como en el fortalecimiento del Estado en materia fiscal media el principio democrático: no hay tributo sin representación.
En la decisión del modelo económico de producción de riqueza y la carga tributaria de los asociados, la Corte Constitucional no puede establecer preceptos concretos que orienten la materia en un determinado sentido. Por tanto, se exige que las sentencias estructurales no toquen estos temas, para que resulten ser coherentes con el sistema constitucional. Es una realidad que las sentencias estructurales generan gastos, pero la obtención de los recursos necesarios para cumplir es asunto de la competencia del ejecutivo y legislativo, y no de la Corte Constitucional.
Sin embargo, lo anterior per se no es una situación que motive esa violación sistemática de derechos fundamentales.
Un régimen neoliberal como el desarrollado por el legislativo tiende a aumentar la riqueza de los particulares. Esa riqueza que podría ser grabada tributariamente al punto de que el Estado pueda hacer una distribución que satisfaga no menos de los mínimos de los derechos fundamentales, esto es que pueda garantizar el derecho al mínimo vital. 
Pero ello es una situación fuera del alcance de una sentencia estructural.