martes, abril 10, 2018

Palabras de despedida al profesor Carlos Saúl Pérez


La vida de Carlos Saúl estuvo dedicada a la docencia y en su tránsito por ese camino en el mundo cosechó muchos éxitos. Inició en esa labor desde muy temprano: sus compañeros de bachillerato fueron sus primeros estudiantes. Carlos Saúl no fue un hombre presumido, por eso es que esta historia la conocí de su esposa Vilma, como prueba de una vocación que le permitió a él llevar una vida feliz.

Es por eso que no resulta extraño escuchar que él se permitió educar a familias enteras. Cuando pude tener una mayor relación afectiva con su familia, pude saber que él fue profesor de bachillerato de mi madre y de una tía.

Su formación como matemático le permitió moverse en muchas áreas del conocimiento. En la que más caló fue en la de nosotros los abogados. Desde su espíritu crítico admiraba a muy pocos: a sus colegas Laureano Gómez Serrano, Heriberto Sánchez Bayona, Rodolfo Mantilla Jácome y Jorge Castillo Rugeles, y a su alumno Pacho Casas. Nunca ahorró elogios en reconocer la inteligencia de ellos, al igual que no ocultaba que su etapa profesional más feliz fue cuando su escritorio estaba arrimado a los de Laureano y Heriberto.

Fue un científico toda su vida y fue coherente con su espíritu hasta en los últimos momentos más difíciles. Siempre fue muy humilde con el conocimiento, y denunciaba que en realidad nada se inventaba: todo ya existía, sólo que hacía falta conocerlo.

La grandeza intelectual de Carlos Saúl no se entiende a los 17 años, que es la edad en la que los estudiantes de Derecho de la UNAB lo encontraban en el pregrado. Yo, debo confesarlo, la dimensioné cuando trabajé tiempo completo en la UNAB. Cada vez que visitaba a la Facultad de Derecho quería encontrarme con él, porque lo que empezaba como un pequeño saludo siempre terminaba en una gran lección. Su plática siempre fue amena, y a diferencia de la mayoría de los aburridos abogados abordaba muchos temas.

Sus años finales de vida reflejan lo que dijo Noberto Bobbio en su última lección: al final de la vida lo que se valora no son los éxitos profesionales sino las relaciones afectivas que se pueden hacer con las personas; por eso era un gran anfitrión en su parcela en Piedecuesta. Estaba cansado de aprender y prefería desaprender, según explicaba.

Nosotros los abogados de la UNAB, hemos asistido estos últimos años a la partida de nuestros profesores. Uno más que entra al cielo de los maestros, que es el corazón en sus alumnos.

Pido un fuerte aplauso por la meritoria vida que Carlos Saúl nos compartió.
La vida de Carlos Saúl estuvo dedicada a la docencia y en su tránsito por ese camino en el mundo cosechó muchos éxitos. Inició en esa labor desde muy temprano: sus compañeros de bachillerato fueron sus primeros estudiantes. Carlos Saúl no fue un hombre presumido, por eso es que esta historia la conocí de su esposa Vilma, como prueba de una vocación que le permitió a él llevar una vida feliz.

Es por eso que no resulta extraño escuchar que él se permitió educar a familias enteras. Cuando pude tener una mayor relación afectiva con su familia, pude saber que él fue profesor de bachillerato de mi madre y de una tía.

Su formación como matemático le permitió moverse en muchas áreas del conocimiento. En la que más caló fue en la de nosotros los abogados. Desde su espíritu crítico admiraba a muy pocos: a sus colegas Laureano Gómez Serrano, Heriberto Sánchez Bayona, Rodolfo Mantilla Jácome y Jorge Castillo Rugeles, y a su alumno Pacho Casas. Nunca ahorró elogios en reconocer la inteligencia de ellos, al igual que no ocultaba que su etapa profesional más feliz fue cuando su escritorio estaba arrimado a los de Laureano y Heriberto.

Fue un científico toda su vida y fue coherente con su espíritu hasta en los últimos momentos más difíciles. Siempre fue muy humilde con el conocimiento, y denunciaba que en realidad nada se inventaba: todo ya existía, sólo que hacía falta conocerlo.

La grandeza intelectual de Carlos Saúl no se entiende a los 17 años, que es la edad en la que los estudiantes de Derecho de la UNAB lo encontraban en el pregrado. Yo, debo confesarlo, la dimensioné cuando trabajé tiempo completo en la UNAB. Cada vez que visitaba a la Facultad de Derecho quería encontrarme con él, porque lo que empezaba como un pequeño saludo siempre terminaba en una gran lección. Su plática siempre fue amena, y a diferencia de la mayoría de los aburridos abogados abordaba muchos temas.

Sus años finales de vida reflejan lo que dijo Noberto Bobbio en su última lección: al final de la vida lo que se valora no son los éxitos profesionales sino las relaciones afectivas que se pueden hacer con las personas; por eso era un gran anfitrión en su parcela en Piedecuesta. Estaba cansado de aprender y prefería desaprender, según explicaba.

Nosotros los abogados de la UNAB, hemos asistido estos últimos años a la partida de nuestros profesores. Uno más que entra al cielo de los maestros, que es el corazón en sus alumnos.

Pido un fuerte aplauso por la meritoria vida que Carlos Saúl nos compartió.

miércoles, febrero 28, 2018

LA APUESTA PARLAMENTARIA DE GUSTAVO PETRO


Una de las propuestas de Gustavo Petro que más ha sido criticada en estos días es la de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si es elegido como Presidente de la República. Para nada es una propuesta novedosa ni exclusiva de Petro: el Centro Democrático quiere una para entronar nuevamente a Álvaro Uribe Vélez y destrozar los acuerdos de paz; Ordoñez la propone para revivir el Estado confesional-católico (ojo católico, no cristiano) de la Constitución de 1886; y las FARC no renuncian a cobrarse la constituyente que ellos creen que la oligarquía les debe (recuerden que el mismo día en que se eligieron a los constituyentes, el Gobierno de César Gaviria bombardeaba Casa Verde con lo que se puso fin a esos malogrados diálogos de paz). Pese a lo anterior, los medios han registrado opiniones peyorativas y de mofa en contra de esta intención de Petro, la que defiende como la justa medida democrática para generar los cambios sociales que Colombia necesita.

Considero que Petro es consciente que un hipotético gobierno suyo tendrá poco margen de maniobra en el Congreso de la República. Recuerden que su lista al Concejo de Bogotá que lanzó al vencimiento de su período como Alcalde de la ciudad sólo conquistó un escaño. Su lista de decentes que ahora apoya para el Congreso con seguridad obtendrá una representación minoritaria. En dicho evento, los conflictos entre el Gobierno Petro y legislativo serán constantes.

Se ha dicho constantemente que el régimen presidencial –y con más veras el presidencialista– no goza de válvulas de escape ante crisis políticas, pues el Presidente y la Asamblea Legislativa tienen distinto origen democrático, al ser electos en votaciones independientes. Lo contrario sucede en el régimen parlamentario, en los que el Parlamento y el Gobierno tienen el poder de anularse mutuamente, al conformarse a partir de los resultados de los mismos comicios. Así el parlamento puede censurar los actos del Gobierno, y éste último puede cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Esta opción está reservada para eventos en los que son irrealizables o insostenibles los acuerdos de los Partidos con escaños en el parlamento: se deja así en el pueblo la decisión de superar esas crisis.

Petro busca en realidad hacer de la Asamblea Nacional Constituyente una válvula de escape de excepción en sus seguros conflictos con los congresistas colombianos. En una apuesta arriesgada, espera que el pueblo que lo elija Presidente esté de su parte en su lucha en contra de la clase política. Esto no es nuevo en el país: así lo hizo César Gaviria en 1990 ante la negatoria constante del Congreso de reformar la Constitución de 1886.

Aún no he decidido mi voto para la Presidencia de la República, pero votaría en contra de cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Los colombianos son muy parecidos a aquellos niños pequeños quienes van cambiando las reglas de sus juegos que inicialmente pactan, cuando se dan cuenta que nos les convienen.

lunes, mayo 22, 2017

Bernal Pulido y la reserva de ley para la regresividad de los derechos sociales

Siempre estuve seguro que Bernal Pulido iba a ser elegido Magistrado de la Corte Constitucional. Ser impredecible en términos políticos o tener una gran capacidad para ser ingrato con el Gobierno eran sus mejores cartas ante un Congreso en donde la derecha, tanto la de oposición como la de la unidad nacional, podía capitalizar sus opciones para ser decisiva en una elección en la que el Gobierno parecía tener la última y la única palabra. Y así fue.

Su primera decisión de invalidar unas reglas de procedimiento del fast track ha llamado la atención de la opinión pública, olvidándose que no sólo él sino cuatro magistrados más de la Corte Constitucional tienen igual responsabilidad en esa decisión.

Las calidades académicas de Bernal Pulido que le permiten tener una columna en el foro jurídico y su deferencia con la opinión pública, han permitido que por decirlo así anuncie su “programa de trabajo” en la Corte Constitucional. Ese programa, persigue: (i) la protección a ultranza de los derechos fundamentales, (ii) el respeto a la competencia del legislativo para desarrollar esos derechos y (iii) la restricción del uso por parte de la Corte Constitucional a la teoría de la sustitución y (iv) la toma enserio del principio de sostenibilidad fiscal.

Cada uno de esos asuntos de la agenda judicial de la Corte Constitucional presenta un amplio panorama de escenarios de discusión en Derecho constitucional. En estas líneas quiero explicar uno muy sencillo en el que se tocan tres de esos asuntos: el reconocer la competencia exclusiva del Congreso de la República para promover la regresividad de los derechos sociales.

Tal tesis contraría las tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional promovidas en el último quinquenio por el ExMagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que encuentran en las sentencias de unificación como un espacio normativo para impulsar medidas regresivas a derechos sociales. En particular en las Sentencias SU 1073 de 2012 y SU 230 de 2015 la Corte ha reducido el costo de dos derechos pensionales. Con la primera los pensionados antes de la Constitución de 1991 solo perciben el pago de la indexación de su primera mesada pensional desde la ejecutoria de dicha sentencia y no el retroactivo desde tres años antes a la fecha en que presentaron su reclamación. En la segunda, se calcula el monto de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con el ingreso base de liquidación de los últimos diez años. Ambas sentencias de unificación, cambian los históricos precedentes de la Corte Constitucional en esas materias.

El reconocer que es el Congreso de la República el competente para promover la regresividad de los derechos sociales, permite una deliberación adecuada sobre las mejores opciones para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones. Esto permite adoptar una decisión que tenga en cuenta los múltiples factores posibles, y que sea el resultado del análisis de varias soluciones.

Así mismo, se garantiza la justiciabilidad de la idea de la no regresividad de los derechos sociales. Un derecho fundamental pierde su carácter normativo si sus titulares carecen de garantías judiciales para su protección, esas que están ausentes cuando la medida regresiva al derecho social al estar en una sentencia de unificación escapa a cualquier control de constitucionalidad posterior, el que sí se tiene cuando se consagra en una ley.

Comparto las preocupaciones del Magistrado Bernal Pulido y aunque dudo que lea estas líneas, ofrecen un plausible curso de decisión futura a nuestra Corte Constitucional.

viernes, octubre 21, 2016

Álvaro Uribe, Radbruch y Jaime Araujo: la resistencia frente al Derecho injusto

Encendidamente Álvaro Uribe ha llamado al pueblo venezolano a ejercer su derecho fundamental a la resistencia y a los jueces venezolanos a no acatar el enésimo golpe que el régimen chavista le da a la malograda democracia venezolana. Nunca antes un comentario de Uribe me ha parecido tan acertado en materia jurídica, aunque como siempre la hipocresía política tan ínsita a sus actos lo acompaña.

El remedo de democracia venezolana ya está siendo poco creíble. Si algo nos salvó a los colombianos de terminar bajo un régimen del terror similar al de los venezolanos fue la valía de nuestra Corte Constitucional de impedir un tercer período presidencial del señor Uribe. Chávez y Maduro con sus malas maneras lograron lo que para Uribe fue una frustración: extender el tiempo de sus gobiernos más allá de cualquier límite. La clave fue la calidad de jueces que enfrentaron.

No sé si Uribe conoce la Constitución alemana, pero retumba con mayúsculas el llamamiento a la resistencia que hace su artículo 20.4 a todos los alemanes, cuando los recursos ordinarios escaseen frente a cualquiera que pretenda eliminar el modelo federal de Estado, el valor democrático, la cláusula social de derecho, la soberanía popular, la democracia representativa, la supremacía de la Constitución y el respeto al principio de legalidad.

Aquella es positivización de la idea expuesta por Radbruch en los primero meses de 1946. Luego de años de régimen nazi, de exclusión social y política, de salvarse del exilio por no ser judío como Kelsen, este positivista tenía mucho que decir y lo hizo en un sucinto texto: “Arbitrariedad legal y derecho supralegal”. Radbruch reconoció la justicia no puede ser ajena al Derecho, de tal suerte que si “la contradicción entre la ley 'positiva y la justicia alcanza una medida tan insoportable que la ley debe ceder como 'Derecho injusto' ante la justicia”. Para muchos esta postura fue un retroceso de Radbruch hacia el iusnaturalismo, para mi es la primera piedra del positivismo axiológico. Sostuvo el autor alemán que si una norma jurídica incurre en el absurdo moral “no les debe el pueblo ninguna obediencia y deben, también los juristas, encontrar el valor para negarles el carácter jurídico”. Esta tarea de contención o de resistencia ante el Derecho injusto se encomienda por sobre manera al juez, debido a que “el ethos del juez debe estar dirigido al logro de la justicia a cualquier precio, aún el de la propia vida”.

Coincido con Uribe en que los jueces venezolanos son los llamados a resistir lo que está pasando con la democracia. Pero olvida el Senador de la República que un Magistrado colombiano tuvo la valentía que hoy le pide a los venezolanos: Jaime Araujo, el único que llamó por su nombre a lo que había sucedido para que Uribe se reeligiera como Presidente de Colombia. No fue citado por Araujo, pero ese día Radbruch caminó por los pasillos de la Corte Constitucional colombiana.

La denuncia de Araujo quedó escrita en las siguientes palabras:
De lo anterior se concluye que el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de Derecho.
Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil.
En consecuencia, si no existe JURÍDICAMENTE, sino de facto la reelección presidencial, todo lo realizado por el Gobierno no tiene ningún efecto, todos esos actos de gobierno son ilegítimos. El deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, Vicepresidente o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegitima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es inconstitucional (por ser invalida, esto es, producida sin respetar las normas de creación del derecho o que tengan por causa el delito). El deber de respeto a la autoridad o a la ley finaliza en la teoría constitucional, frente a acciones injustas, ilegales o inválidas, esta obediencia, es decir, el respeto que podemos tener por una persona o por un gobierno por haber actuado legítimamente, se rompe con una actuación injusta, ilegal o criminal, y en consecuencia, ningún colombiano después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de obediencia civil, ya que se rompió el fundamento de legalidad y legitimidad que es el fundamento también para la obediencia civil de los ciudadanos.
Henry David Thoreau, el apóstol y padre de la Desobediencia Civil decía: "Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor".
De este modo, ni el presidente es ya el presidente, ni el vicepresidente es vicepresidente, ni los ministros son ya los ministros, ni hay reelección, ni primera, ni segunda, y todo lo que se hizo es ilegal, por ello es que nos encontramos en una situación inconstitucional, ya que todo el Gobierno está actuando gracias a un acto ilegal, que como se ha reiterado, no puede ser ni fuente ni fundamento de derecho.

domingo, septiembre 11, 2016

Mi 9/11 de 2001

Ciertos eventos de mi vida puedo recordarlos con inusitados detalles. Lo que pasó el 09 de septiembre de 2001 es uno de ellos. Tengo presente que esa fecha fue un martes, a razón que era un día en donde tenía rotación de taller. Eso es fácil de recordar para mí porque por una extraña razón durante los seis años que estudié en el tecnológico siempre tuve taller el día martes.

Para esa época yo estaba viendo la rotación de fundición. No tengo presente el nombre de mi profesor, pero era alto, de tez blanca, ojos claros y tenía algún problema en la espalda que lo incapacitó ese día. No tener clase en el tecnológico era una oportunidad para jugar fútbol, pero también un problema para las directivas.

Por esto “lobomen” decidió  enviarnos a nuestras casas. Recuerdo que nos pidió dos tintos y una lista con los nombres de los 21 estudiantes que no teníamos clase (6-4, mi salón, tenía 42, pero para ver los talleres se dividía en dos grupos). La vaca para el tinto exigió aportes de 50 pesos por estudiante; y al llenar la lista decidimos que nuestros nombres debían acompañarse con cuatro apellidos: sí los dos que aparecían en nuestras listas junto con los de nuestros abuelos y abuelas maternas. El caso es que a “lobomen” no le dio mucha gracia, pero aún ese papel le sirvió para mandarlo a la portería a fin de permitir nuestro egreso.

Tal vez muchos se fueron a jugar en las numerosas salas de maquinitas que en ese entonces existían en el Barrio La Universidad. Decidí irme de una vez para mi casa. Durante el recorrido no escuché por la radio del bus alguna noticia sobre lo que pasaba en Nueva York.


En mi mente está muy bien grabada la imagen que vi desde la sala del segundo piso de la casa de mi abuela hacia su televisor ubicado sobre la cómoda: eran las torres gemelas en llamas. En ese momento, las historias de todos nosotros se unieron.

jueves, septiembre 08, 2016

VOTE SÍ EN EL PLEBISCITO Y EMPODÉRESE FRENTE A LAS FARC

Muy dentro de mí existe un miedo que los Acuerdos de La Habana no conduzcan a la paz. Es un sentimiento bien fundado: no encuentro elementos que indiquen que aquella decisión tomada por la oligarquía colombiana a finales de los años ochenta de terminar el conflicto armado a través de la violencia haya cambiado. El genocidio de la Unión Patriótica y las masacres de campesinos durante finales de los años noventa y los gobiernos de Álvaro Uribe son claros ejemplos de que, como dijo el profesor Laureano Gómez Serrano, las élites colombianas prefieren anegar de sangre al país antes de ceder un ápice de sus privilegios.

La actuación del Estado, por decirlo así, ha sido guiada por una mano negra que inclusive ha subvertido el orden jurídico para eliminar, por cualquier medio, no sólo la oposición armada sino la protesta social. Sus consecuencias se observan en el deseo de no votar a favor de la refrendación popular de los Acuerdos de La Habana en el plebiscito del próximo 02 de octubre de 2016. Combatir a las FARC hasta su eliminación física, o seguir en la lucha armada regular hasta doblar la voluntad de sus miembros a fin de llevarlos a pactar condiciones menos favorables para ellos, son propuestas que rondan en el debate público.

Una respuesta a estas “alternativas” de solución del conflicto armado se ha enfocado en el alto costo de vidas humanas que ellas implican. La guerra en Colombia no sólo cobra la vida de los jóvenes combatientes –regulares e irregulares– extractados de la población pobre del país, sino también se ha ensañado en contra de la población, que sin estar inmersa en las acciones bélicas ha sufrido con rigor sus efectos. Leonard Rentería es el vivo ejemplo que la población civil que ha puesto la mayoría de muertos en esta guerra, está a favor del plebiscito.

En este escenario, empero tampoco son extraños que sectores no pertenecientes a la oligarquía estén de acuerdo con continuar la guerra, e irán a votar por el No en el plebiscito. Luego de un conflicto armado tan cruento y largo como el colombiano, se acumula odio, resentimiento y rechazo por los subversivos, debido a lo execrable de sus conductas a lo largo de décadas del conflicto.

Difícilmente pueda persuadirse a quienes avivan la mano negra que la paz es una mejor solución que la guerra, pero ¿cómo convencer al colombiano de a pie que está dispuesto a votar por el no de lo contrario?

Necesariamente debe reconocerse que los miembros de las FARC en términos militares son formidables adversarios, y tienen la capacidad de producir tanto o más daño que el que se les puede infringir. El Estado colombiano de la mano de Álvaro Uribe le dio grandes golpes a la insurgencia colombiana, pero en punto de verdad no los suficientes para eliminarla.

La supervivencia y persistencia son calidades probadas de la FARC. Ante este escenario, solo vale abrazar la democracia como medio para desarmar a las FARC y poder vencerlas, no en los campos de batalla, sino en las urnas electorales; no con combatientes ni muertos, sino con mejores ideas que conquisten votos.

A lo largo del siglo XX se le han puesto a la democracia varios adjetivos: versiones maximalistas le han impuesto objetivos sociales de disímiles ideológias; versiones deliberativas exigen más individuos racionales de los que realmente existen; la versión clásica de la representación aún oculta la mezquindad con la que actúan los elegidos, y nos hace creer que las mayorías toman las mejores decisiones [1]. Sin embargo, aún frente a estas frustraciones de teorías de la democracia, aún podemos creer que permite “evitar el derramamiento de sangre y la violencia para resolver nuestros conflictos”[2], esto es por medio de mecanismos que ofrecen “la solución periódica de la lucha del poder político sin derramamiento de sangre”[3].

Esta versión minimalista hunde sus fundamentos en Kelsen –¡Un saludo para los que despotrican de Kelsen sin conocerlo!–, quien reconoce que el valor que identifica a la democracia es la libertad, que se materializa para el individuo cuando acude a una votación, y que hace “que se reduzcan al mínimo los casos de aplastamiento de las minorías”[4]. Ya Rodolfo Arango destacaba el plus democrático de una postura relativista y abierta como la de Kelsen: al no tener “garantizado un acceso privilegiado a la verdad absoluta en ninguna materia, la única actitud razonable en lo político ante desacuerdo de opiniones y conflictos de interés es aquella que acepta la decisión de la mayoría e intenta, en caso de no compartir lo resuelto, cambiarla mediante el mismo procedimiento deliberativo”[5]

Las FARC se demoraron en convencerse de lo anterior, por lo que no hay que seguir ese mal ejemplo. Los Acuerdos de La Habana desarrollan otros valores adicionales, pero por sí sola la democracia justifica el desarme de la guerrilla y su participación en las votaciones. Así, cada ciudadano –y no solo los soldados– puede infringir un castigo a las FARC sin que corran ríos de sangre en el país. Así, Leonard Rentería no sólo podrá increpar a Álvaro Uribe sino también a Timoleón Jiménez.


Bibliografía
[1] FLÓREZ, José. Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, pp. 82 a 124.

[2] PRZEWORSKI, Adam. Una defensa de la concepción minimalista de la democracia. En: Revista Mexicana de Sociología, 59, (03), 1997, p. 25

[3] FLÓREZ, José. Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí. Op. Cit., p.169.

[4] KELSEN, Hans. Esencia y valor de la democracia. Coyoacán, México D.F., 2005, p. 25.

[5] ARANGO, Rodolfo. Esencia y valor de la democracia según Kelsen: la actualidad de un clásico de la filosofía política. En: Hans Kelsen 1881-1973, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 84

miércoles, mayo 18, 2016

¿UNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL AL ESTILO SHERMANIANO?

Hernando Valencia Villa en Cartas de Batalla –una cita ineludible para un constitucionalista colombiano– trae a colación un debate dado a comienzos de la vida constitucional norteamericana relacionada con las enmiendas o reformas a la Constitución. James Madison presentó al Congreso de la Unión en 1789 una serie de enmiendas constitucionales, las cuales debían insertarse en los artículos que respectivamente versaran sobre las materias de las propuestas. Este diseño fue derrotado por la idea defendida por Roger Sherman quien convenció a sus compañeros que las enmiendas debían agregarse al final del documento constitucional. Así, cada Estado podría evaluar “por sus propios méritos” las reformas para su aprobación. Por tanto, las enmiendas shermanianas, destaca Valencia Villa, han ayudado a que la Constitución norteamericana sea estable y duradera, al contrario de las Constituciones colombianas y sus enmiendas madisonianas, que las han hecho colchas de retazos.

Lo anterior, vale la pena destacar, tiene importantes consecuencias en la interpretación constitucional pues con la irrupción de una reforma constitucional shermaniana el hermeneuta debe conciliar las interpretaciones jurídicas de dos disposiciones constitucionales. Así, el origen o el pasado constitucional no se puede subrogar o abrogar sin más. De tal suerte, el futuro del sistema constitucional logra ser estable y perdurar en su esencia.

Recordar esto me fue inevitable al leer el Comunicado Conjunto #69 suscrito por las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC en La Habana, en el que dan a conocer el blindaje jurídico para el Acuerdo Final de la paz. Allí se habla de realizar dos reformas constitucionales que incluyan igual número de artículos transitorios a la Constitución: el primero para incorporar al bloque de constitucionalidad el Acuerdo Final mientras que se aprueba de manera definitiva mediante una ley, y luego de ello otro artículo transitorio para incorporar de nuevo el Acuerdo Final junto con el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Este particular manoseo al sistema de fuentes colombiano trae consigo una novedad: las enmiendas constitucionales transitorias se aplicarán a la manera shermaniana y no madisionana. Al tener las autoridades públicas, especialmente la Corte Constitucional y el Tribunal para la paz, que conciliar la Constitución de 1991 y los acuerdos de La Habana, difícilmente se promueva una ruptura constitucional, como muchos han anunciado. Dependerá de otros factores, pero ojalá que la apuesta shermaniana otorgue estabilidad a la Constitución del 91 y sus enmiendas para la paz.