Álvaro Uribe, Radbruch y Jaime Araujo: la resistencia frente al Derecho injusto

Encendidamente Álvaro Uribe ha llamado al pueblo venezolano a ejercer su derecho fundamental a la resistencia y a los jueces venezolanos a no acatar el enésimo golpe que el régimen chavista le da a la malograda democracia venezolana. Nunca antes un comentario de Uribe me ha parecido tan acertado en materia jurídica, aunque como siempre la hipocresía política tan ínsita a sus actos lo acompaña.

El remedo de democracia venezolana ya está siendo poco creíble. Si algo nos salvó a los colombianos de terminar bajo un régimen del terror similar al de los venezolanos fue la valía de nuestra Corte Constitucional de impedir un tercer período presidencial del señor Uribe. Chávez y Maduro con sus malas maneras lograron lo que para Uribe fue una frustración: extender el tiempo de sus gobiernos más allá de cualquier límite. La clave fue la calidad de jueces que enfrentaron.

No sé si Uribe conoce la Constitución alemana, pero retumba con mayúsculas el llamamiento a la resistencia que hace su artículo 20.4 a todos los alemanes, cuando los recursos ordinarios escaseen frente a cualquiera que pretenda eliminar el modelo federal de Estado, el valor democrático, la cláusula social de derecho, la soberanía popular, la democracia representativa, la supremacía de la Constitución y el respeto al principio de legalidad.

Aquella es positivización de la idea expuesta por Radbruch en los primero meses de 1946. Luego de años de régimen nazi, de exclusión social y política, de salvarse del exilio por no ser judío como Kelsen, este positivista tenía mucho que decir y lo hizo en un sucinto texto: “Arbitrariedad legal y derecho supralegal”. Radbruch reconoció la justicia no puede ser ajena al Derecho, de tal suerte que si “la contradicción entre la ley 'positiva y la justicia alcanza una medida tan insoportable que la ley debe ceder como 'Derecho injusto' ante la justicia”. Para muchos esta postura fue un retroceso de Radbruch hacia el iusnaturalismo, para mi es la primera piedra del positivismo axiológico. Sostuvo el autor alemán que si una norma jurídica incurre en el absurdo moral “no les debe el pueblo ninguna obediencia y deben, también los juristas, encontrar el valor para negarles el carácter jurídico”. Esta tarea de contención o de resistencia ante el Derecho injusto se encomienda por sobre manera al juez, debido a que “el ethos del juez debe estar dirigido al logro de la justicia a cualquier precio, aún el de la propia vida”.

Coincido con Uribe en que los jueces venezolanos son los llamados a resistir lo que está pasando con la democracia. Pero olvida el Senador de la República que un Magistrado colombiano tuvo la valentía que hoy le pide a los venezolanos: Jaime Araujo, el único que llamó por su nombre a lo que había sucedido para que Uribe se reeligiera como Presidente de Colombia. No fue citado por Araujo, pero ese día Radbruch caminó por los pasillos de la Corte Constitucional colombiana.

La denuncia de Araujo quedó escrita en las siguientes palabras:

“De lo anterior se concluye que el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico, y que por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y del Estado constitucional de Derecho.

Así las cosas, no sólo el presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil.

En consecuencia, si no existe JURÍDICAMENTE, sino de facto la reelección presidencial, todo lo realizado por el Gobierno no tiene ningún efecto, todos esos actos de gobierno son ilegítimos. El deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, Vicepresidente o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegitima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es ^{inconstitucional} (por ser invalida, esto es, producida sin respetar las normas de creación del derecho o que tengan por causa el delito). El deber de respeto a la autoridad o a la ley finaliza en la teoría constitucional, frente a acciones injustas, ilegales o inválidas, esta obediencia, es decir, el respeto que podemos tener por una persona o por un gobierno por haber actuado legítimamente, se rompe con una actuación injusta, ilegal o criminal, y en consecuencia, ningún colombiano después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de obediencia civil, ya que se rompió el fundamento de legalidad y legitimidad que es el fundamento también para la obediencia civil de los ciudadanos.

Henry David Thoreau, el apóstol y padre de la Desobediencia Civil decía: "Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor".

De este modo, ni el presidente es ya el presidente, ni el vicepresidente es vicepresidente, ni los ministros son ya los ministros, ni hay reelección, ni primera, ni segunda, y todo lo que se hizo es ilegal, por ello es que nos encontramos en una situación inconstitucional, ya que todo el Gobierno está actuando gracias a un acto ilegal, que como se ha reiterado, no puede ser ni fuente ni fundamento de derecho.”